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Latin Lawyer 2009

 

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25 de noviembre de 2009

“Expertos de Iberoamérica analizan apertura económica
 

Costa Rica es la sede del IV Congreso Iberoamericano de Regulación Económica, donde expertos analizan la apertura económica según la particularidad de cada país y, sobre todo, cómo ganar eficiencia en temas como energía, telecomunicaciones e infraestructura. Campos en los que Costa Rica experimenta un nuevo comportamiento del mercado ante el cese de monopolios.
El presidente del Congreso, Luis Ortiz, explicó a LA PRENSA LIBRE que el país vive un momento especial, donde la apertura en telecomunicaciones, y a corto plazo en energía, debe darse de la mano con una regulación objetiva y eficaz, según corresponda en cada caso. Otro elemento que mencionó es la importancia de evitar una competencia desleal ante la apertura, situación que nuevamente pone sobre la mesa el tema. “La regulación es muy importante para garantizar la transparencia en una libre competencia, pero también para evitar que las prácticas desleales vayan a darse entre empresas en la conquista del nuevo mercado, así como repercusiones importantes para el usuario, quien podría ser el más perjudicado en una situación de ese tipo”, mencionó Ortiz.
El congreso tiene como objetivo intercambiar experiencias sobre las mejores estrategias para mantener una economía próspera, por ello abordarán temas como el auge de las alianzas público-privadas, la li-beralización del mercado de las telecomunicaciones, los proyectos de energía renovable, la desmonopolización del mercado de seguros, la concesión de carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles y nuevas técnicas de financiamiento de los acueductos y alcantarillados.

Luis Ortiz mencionó que en el tópico de energía abordarán la importancia y concepto de las re-novables, sobre todo tomando en cuenta el potencial que tiene el país.

El mandatario en ejercicio, Francisco Antonio Pacheco, recalcó que el Estado debe promover la coordinación y alentar el cambio, preocuparse por eliminar desigualdades sociales y asegurar la prestación de los servicios públicos dentro de normas de equidad y de eficiencia.
 
 
 
 
 
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